Las lecciones de la controversia por las reuniones ministeriales en casa del lobbista

Crónica Estéreo LT

Unos días antes del final de 2023, la revelación de una serie de reuniones que varios ministros sostuvieron con empresarios en casa del lobbista Pablo Zalaquett sacudieron al mundo político. La información publicada por Ciper Chile, involucraba en primera instancia a los ministros de Economía y Medio Ambiente, Nicolás Grau y Maisa Rojas, respectivamente. Ambos se reunieron con representantes de la industria de la salmonicultura y no consideraron pertinente registrar sus citas conforme a la ley del lobby. Después de esa información, desde el gobierno se admitieron otras reuniones, siempre en la casa del mismo lobbista, de los ministros Van Klaveren, Jara, Tohá y Valenzuela.
La sucesivas revelaciones sobre más reuniones y sus invitados a la casa de Zalaquett abrieron el debate sobre la aplicación de la llamada ley del lobby, la discrecionalidad en su aplicación y la comprensión de las autoridades sobre estos temas.
Tras semanas de acusaciones y defensas, el 29 de enero la Contraloría zanjó el debate legal con su dictamen sobre el tema, después de recibir una solicitud de parte de dos diputados. En él se establecía que en el caso, “a la luz de la normativa vigente, no hay omisiones respecto de la ley del lobby”. De todas formas, Contraloría también advirtió que dado que existían elementos indicativos de que las reuniones en cuestión sí podrían constituir lobby, debían adoptarse medidas para perfeccionar los criterios de Contraloría en la materia.
Para los expertos en temas de transparencia, el caso sirvió para ejemplificar las falencias de la ley del lobby, promulgada en 2014, y la necesidad de trabajar en su perfeccionamiento y en su comprensión por parte de las autoridades y también del resto de la ciudadanía.
Hoy conversamos sobre esto con dos expertos: el abogado Marcelo Drago, ex presidente del Consejo Para la Transparencia, y María Jaraquemada, ex directora ejecutiva de Chile Transparente y recientemente nominada por el presidente Gabriel Boric para convertirse en nueva integrante del Consejo Para la Transparencia.